Abstract
En su primera parte, este artículo comenta desde el punto de vista del bienestar social (es decir, de lograr una buena legislación) el proyecto de ley sobre transparencia, límites y control del gasto electoral que el Gobierno ha propuesto al Senado. La evaluación que se hace aquí es que junto con mociones positivas, como exigir a las candidaturas llevar contabilidad, los aspectos principales del proyecto, si se convirtieran en ley, empeorarían la situación real de deshonestidad financiera en la actividad política chilena contrariando los efectos aparentes. En su segunda parte, este artículo adopta una óptica estratégica y analiza, en relación con este proyecto de ley, cuáles son los intereses privados de las principales coaliciones. Se señala que una reciente encuesta CEP indica que la Alianza está peor posicionada que la Concertación en la percepción del electorado respecto a cuál tiene más que esconder acerca de su financiamiento. Y se sostiene que esta asimetría está en evolución y sujeta, por tanto, a iniciativas de las coaliciones. En la parte final, el artículo retoma el punto de vista de los requisitos para una buena ley y propone medidas concretas para recuperar la confianza de aquellos ciudadanos que opinan que la deshonestidad financiera campea en la actividad política